Asociación Ilícita

Política

La división de poderes, las garantías constitucionales y el debido proceso junto con los principios y valores que fortalecen la convivencia democrática parecen estar desapareciendo.

 

Que el Poder Judicial argentino está en crisis no es ninguna novedad. Pero puedo afirmar (y sin temor a equivocarme), que al menos desde la recuperación de la democracia en 1983, jamás ese poder del Estado estuvo tan  fuertemente cuestionado por la sociedad argentina. 

Incluso, desde cualquier lugar de la grieta en el que estemos parados, la sensación de impunidad corporativa puede ser percibida por amplios sectores de la comunidad.

Y con la llegada de la alianza Cambiemos al poder, se aceleró un proceso de descomposición, en el que algunos sectores del ámbito judicial  –en particular del fuero federal-  venían siendo protagonistas.

Es difícil precisar en qué momento comenzó la decadencia, pero a riesgo de incurrir en una arbitrariedad discursiva, me atrevo a sostener que la actuación judicial producida en el atentado a la AMIA, fue un botón que debió servirle de muestra a todo el poder político para evitar llegar a este punto, al que yo considero de inflexión respecto del funcionamiento y la legitimidad de un poder del Estado tan devaluado como arbitrario.

Sin embargo, estoy convencida que si hiciéramos una encuesta preguntando,  si  se sabe que este año  se condenó al juez y a los fiscales que llevaron a cabo la primera  investigación sobre el atentado a la AMIA, por encubrir el peor atentado terrorista de nuestra historia, estoy segura que la mayoría de las respuestas serían negativas. Pero aquel repugnante entramado de espionaje estatal, servicios de inteligencia de otros países, coimas y serviles traidores a la Patria, que quedó demostrado después de 25 años en el juicio que se llevó a cabo hace  poco menos de un mes, fue sólo el puntapié inicial de lo que con los años se iría convirtiendo en una madeja de corrupción y privilegios, que al calor del poder fue creciendo y consolidándose. Y en ese sentido, la causa de Dolores, a cargo del Juez Ramos Padilla reafirma mi teoría.    

El llamado LAW FARE, pensado en otras latitudes, es una nueva táctica de guerra no convencional que la derecha de nuestra región lo han adoptado en los últimos años como mecanismo elegido para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlo en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos. Y en esta guerra, hacen uso indebido de instrumentos jurídicos que combinan acciones aparentemente “legales” con una amplia cobertura mediática para presionar al acusado y su entorno, para fines de persecución  y  destrucción de un adversario político.

Así en los últimos años, en toda américa Latina se produjo con el Departamento de Justicia estadounidense un estrechamiento de los vínculos, entre éste y los aparatos judiciales de cada país para “ayudar” en la lucha anticorrupción.

La implementación de “cursos de formación” con viajes y estadías pagas al primer mundo, a los miembros del Poder Judicial fue la estrategia para ir consolidando a los nuevos “soldados” de esta guerra no convencional: jueces y fiscales. Antaño preparaban militares. Hoy forman operadores jurídicos.

Por eso no es exagerado afirmar que el Estado de Derecho está en peligro. Las últimas novedades respecto del Juicio que –en teoría – comenzará el martes 21 de mayo contra CFK es una prueba de ello.

Los pilares del Estado de Derecho: la división de poderes, las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso junto con los principios y valores que fortalecen la convivencia democrática parecen estar desapareciendo.

La impunidad y descaro con que los medios de comunicación dominantes y el Poder Ejecutivo  presionaron a la Corte Suprema de Justicia las últimas horas, es inédito. Lo hicieron a la luz del día, lo publicaron sin reparos, y lo exigieron a viva voz.

Y tan grande fue la presión que, a las apuradas y sin tiempo de borrar anotaciones ajenas al texto, la corte publicó un comunicado para calmar las ansias mediáticas. En su -cuestionada- actuación, la Corte Suprema de la Argentina solo pidió el expediente de la causa que involucra como figura principal a Cristina Fernández de Kirchner en la que había recibido nueve recursos con denuncias de irregularidades en el proceso legal. El objetivo es claro. Necesitan la foto de Cristina en el banquillo de los acusados, no les interesa si ese juicio producto de las múltiples y graves arbitrariedades, luego llega ser declarado nulo. Tal y como pasó con el Juicio de las Coimas en el Senado del Gobierno de la primera Alianza que comparte muchos miembros con esta remake agiornada a los tiempos que corren. Eso es secundario. Las últimas encuentas conocidas y los evidentes resultados desastrosos de la economía de un gobierno fracasado, sólo le dejan como estrategia electoral la profundización del odio a Cristina. La peligrosidad de lo que está pasando en el Sistema de Justicia de la Nación, aún no es percibida en su verdadera magnitud por todos los actores políticos de la oposición. El silencio de muchos de ellos, da cuenta de esa situación. Aún no perciben que los argentinos corren peligro, porque cuando las reglas son violadas para uno, o una, el Estado de Derecho se desmorona para todos. Ojalá pronto lo hagan, porque sea quién sea que llegue a la Casa Rosada en diciembre, estoy convencida que deberá diagramar algún tipo de reforma para que el Poder Judicial recupere la legitimidad que supo tener alguna vez, cuando terminó con la impunidad al juzgar a los criminales de la última dictadura. Ojalá.

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