Sopa de pavimento y penas

Política

¿Qué le pasa a usted, que tiene la responsabilidad de un país, cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer, sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente...?

 

¿Qué le pasa a usted, que tiene la responsabilidad de un país, cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer, sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente...? Eso a mi me angustia. Igualmente ese chico, por suerte en muchos casos con más de 5 mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento.

El cinismo distintivo del Presidente intenta compensar la falta de alimentos básicos en las familias de 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes del país, con veredas. No es un número tirado al azar, según los últimos datos del INDEC, el 47% de los chicos y chicas menores de 14 años viven por debajo la línea de pobreza, y en este mismo grupo de edad, el 11% se encuentra en situación de indigencia. Para UNICEF, el 48% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sufren al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales. Pero no son estos datos los que interesan al Poder Ejecutivo, la deuda estructural con la infancia y la adolescencia no es parte de la agenda política de la gestión de Cambiemos y por eso no sorprende la desconcertante respuesta de Macri a la periodista Viviana Canosa.

La situación económica y social del país, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo, el déficit habitacional, la depreciación de la moneda nacional; el incremento de la tasa de inflación, entre otras cuestiones afectan especialmente a los chicos y chicas. Si además la voluntad política se dirige a reforzar la estigmatización de los adolescentes y reducir las partidas presupuestarias hacia los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, como viene sucediendo en los últimos tres años, no hay infancia que resista.

El martes 9 de abril comenzó a tratarse en el Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil, para el Ejecutivo se trata de mejorar la prevención, intentar reducir la cantidad de conductas delictivas de adolescentes y aplacar la necesidad de una ley de régimen penal juvenil que reemplace el decreto de la dictadura. Sin embargo, tal como mencionó en la audiencia pública Damián Muñoz (Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación) no existen datos empíricos sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos. ¿Entonces? El proyecto presentado es peor que el régimen penal de la minoridad de Videla, y viola el principio de no regresividad desde el artículo 1 que establece la baja de la edad de punibilidad a quince años. Asimismo establece que las penas máximas serán de quince años de prisión, por lo que los adolescentes que hasta ahora no eran contemplados dentro del sistema punitivo podrían tener el equivalente a toda su vida como condena. Para los adolescentes de 16 y 17 años no hay límite, si bien los fundamentos del proyecto señalan que no pueden imponerse penas de prisión o reclusión perpetuas, no hay un artículo que establezca un tope. Pero la ley no es más benevolente con los no punibles ya que otorga facultades discrecionales a los jueces para decidir sobre su situación sin límite de edad, y así seguimos acumulando leyes sin respetar las vigentes como la de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Estado termina por fin llegando tarde a niños, niñas y adolescentes y lo hace a través del sistema penal. Sin considerar siquiera que los comportamientos que buscan sancionar y la escalada de violencia social se relacionan directamente con el abismo de la desigualdad y la inexistencia de políticas públicas que contengan a los sectores más golpeados por las medidas de este gobierno. Pero la realidad económica, el hambre, la exclusión educativa, las malas condiciones de vida, y los obstáculos para el acceso a la salud, deportes, cultura o actividades recreativas, tratan de esconderse bajo la alfombra de las cloacas y el asfalto. En la Argentina de Cambiemos, la infancia es una variable más de ajuste y se siguen construyendo como sujetos peligrosos a quienes están en verdadero peligro, criminalizando a las víctimas de este neoliberalismo que nos retrotrae incluso en materia de derechos humanos, y haciéndonos reconsiderar qué significa realmente convivir con la mierda.

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