Vía libre para reprimir la protesta y atacar libertades democráticas

Política

Los puntos más conflictivos son la incorporación de las figuras de "informante", "agente encubierto", "agente revelador" y "entrega vigilada" como medidas especiales de investigación.

 

La reforma del Código Procesal Penal porteño “habilita la vigilancia”, por esto las organizaciones civiles más importantes de la Argentina aseguraron que el proyecto implica "una grave afectación a la privacidad e intimidad de las personas".

Las mayores críticas estuvieron centradas en las "Medidas especiales de investigación" y fueron consideradas como vulneraciones a la "vida privada" de los ciudadanos. Se trata de intervenciones telefónicas e informáticas que podría realizar la Justicia con el nuevo Código que en teoría tenía dos objetivos centrales: agilizar los procesos judiciales y facilitar la "transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local”.

Horacio Corti, defensor general de la Ciudad, consideró que el nuevo Código conlleva "graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio". Asimismo,  aseguró que "el objetivo es alejar a la defensa pública de las comisarías".

Actualmente, los detenidos tienen derecho a ser asistidos desde el primer momento en que son aprehendidos. Pero con las modificaciones, el plazo podría extenderse a discreción de la Policía.

Las reformas

El nuevo Código contempla la definición de plazos en las causas. Por ejemplo, para la investigación penal preparatoria, la duración deberá ser de hasta 90 días, con la posibilidad de ampliarse a 90 días más y, excepcionalmente, volver a extenderlo. Estos plazos son mayores a los actuales, que eran de tres meses prorrogables por otros dos.

En cuanto a las escuchas telefónicas, actualmente tenían un período máximo de 30 días con la posibilidad de ampliarlo a 15 días más. Ahora, la Justicia porteña dispondrá de más tiempo para intervenir las líneas: 45 días, más otros 45.

Se estableció que estas medidas especiales de investigación solo podrán aplicarse en causas por infracción a la ley de drogas 23.737 -no discrimina consumo de venta-, en los delitos contra la integridad sexual y en aquellos "cuyas penas fueran superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en la complejidad de la investigación del hecho", bajo autorización del juez.

Al permitir que actúen agentes encubiertos, nunca se puede comprobar si el propio agente es el que creó las condiciones para el delito. Cómo el caso de drogas, no se sabe si el policía fue y las plantó primero.

Les da a los jueces y fiscales de la Ciudad, un poder casi absoluto sobre las vidas de las personas.

Rechazo opositor

"La aprobación de esta iniciativa representa un claro retroceso respecto de las garantías vigentes en el Código actual y constituye graves restricciones a la libertad de las personas", afirmó María Rosa Muiños, del bloque Peronista.

Por su parte la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman rechazó  la  incorporación de  las figuras del “agente encubierto” y “agente revelador” ya que considera que se usaran para armar causas contra las organizaciones populares en tiempos de ajuste.
Con respecto a los "informantes"  esto puede convertirse en un "cheque en blanco para la policía y la Justicia". Y servirá para crear "un ejército de buchones a sueldo para aportar datos" e ir contra las organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, agrego la legisladora.

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