El sistema de la crueldad en Siglo XXI

Política

La Comisión Provincial por la Memoria presento el informe sobre lugares de encierro. Record de detenidos, torturas y muertes en la Provincia de Buenos Aires .Fracaso de un punitivismo ineficaz para solucionar los problemas de seguridad.

 

A diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto domiciliario. La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.

El sobreencarcelamiento dispara la sobrepoblación y el hacinamiento a niveles críticos: 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016. 

El informe también denuncia que “La corrupción estructural lleva a que todo el dinero que está destinado a mantener las cárceles generalmente “se robe”. Se destinan alrededor de 25 mil pesos por persona por mes y eso no se traduce en la calidad de vida de los detenidos.”

Neurosiquiatricos

182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas. En 2017, hubo también 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio.

Ser “mujer, joven, pobre y loca es “terrible” en la provincia”, así lo confirma el Informe. Las detenidas con padecimientos mentales son obligadas a levantarse a las 5 de la mañana, empujadas a ducharse con agua helada, sin cortinas, frente a personal policial masculino, deben secarse con sábanas viejas y sucias, no hay papel higiénico ni cuentan con mínimos elementos de higiene y ningún tipo de intimidad.

El poder judicial

El sistema penal de la Provincia de Buenos Aires concentra su accionar en varones jóvenes del conurbano bonaerense, y combina tres prácticas entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial: detenciones arbitrarias, convalidación de las mismas de manera automática y condenas veloces que llevaron la tasa de encarcelamiento a cifras récord: las detenciones por flagrancia aumentaron un 30 por ciento en los últimos cinco años, el juicio abreviado creció un 42 por ciento, y el 54 por ciento de las personas están detenidas con prisión preventiva.

Entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones: 37 causas fueron caratuladas como torturas. El 97% de las causas ya fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos. El 30 por ciento de las personas está detenida por delitos hacia la propiedad, que son delitos leves.

Comisarias

En las comisarías hay 3100 personas en 1000 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso

El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.

“ Este informe,  está marcado por la masacre de Pergamino; recientemente se creó en la Comisaría Primera un sitio de Memoria; había sido un centro clandestino de detención y, en democracia, se siguió torturando y matando. La creación del sitio es un acto de reparación para las víctimas y las madres de esos 7 jóvenes”, señaló la directora general de la CPM, Sandra Raggio.

CPM

La comisión provincial por la memoria es un organismo de monitoreo y control de los lugares de encierro y políticas de seguridad; labor que realiza, desde hace 16 años, con total autonomía e independencia de los gobiernos provinciales.

Los integrantes de la CPM definieron este informe como el “más cruento” de los doce que llevan presentados por la “profundización” de políticas contra los derechos humanos. Hablaron de 43 mil presos hacinados y 16 mil denuncias de torturas.

“Nosotros recorremos las unidades carcelarias siguiendo las reglas de Mandela. Ese protocolo es indispensable en toda inspección para no reproducir la mirada penitenciaria de estos lugares de encierro. Y es también un posicionamiento ético: creemos en la verdad que nos dicen las personas privadas de su libertad”, explicó Gustavo Hornos, juez federal de casación y presidente del sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de las unidades carcelarias. Sistema que también integra la CPM.

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