Para el Estado Nacional, los privilegiados no son los niños

Política

El Comité de Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina, mientras tanto los funcionarios del Gobierno Nacional insisten en hacer declaraciones que lejos están del reconocimiento de derechos.

 

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional en nuestro país, así como también del protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, por sus Estados Parte. El Comité expresa sus preocupaciones y recomendaciones a cada Estado Parte a través de las observaciones finales, luego de evaluar los informes que debe presentar cada Estado sobre el modo en que se ejercitan esos derechos.

En las observaciones finales publicadas esta semana para Argentina, el Comité señaló la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia del derecho a la supervivencia y el desarrollo; la tortura y la violencia institucional; la explotación y el abuso sexual; los niños privados de un entorno familiar; el nivel de vida; y la justicia de menores.

En el párrafo 21-A, el Comité expresa su profunda preocupación por los "actos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad federales y provinciales en custodia de la policía, a menudo en casos que involucran a niños y adolescentes en situaciones de marginación social; y el uso desproporcionado de la fuerza contra los niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad, incluso en las escuelas, junto con la justificación de tales medidas".

Diversas organizaciones sobre derechos de la infancia y derechos humanos vienen advirtiendo que los casos de violencia policial contra niños, niñas y adolescentes ha aumentado ampliamente. Las detenciones arbitrarias, las requisas de niños y niñas en establecimientos educativos, y los fusilamientos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad han acaparado los titulares de todos los medios de comunicación. Nahuel Salvatierra, Fabián Exequiel Enrique, Facundo Ferreira, Matías Rodríguez, y Dylan López son los niños y adolescentes asesinados por miembros de la policía de Salta, la de San Miguel de Tucumán, la policía metropolitana, la federal y el grupo Halcón, que tomaron estado público en lo que va del 2018.

 

Asimismo, el Comité expresó su profunda preocupación porque Argentina hizo caso omiso a la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la administración de la justicia de menores. En este sentido, recomendó (nuevamente) que el Estado Argentino apruebe una ley de justicia de menores que se ajuste a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los estándares internacionales, en particular en relación a la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y de que no se incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal. Una recomendación que se aleja bastante de lo que parece pretender el Gobierno Nacional a través de su "régimen penal socio-educativo juvenil". Sin ir más lejos, hace un mes la ministra de seguridad Patricia Bullrich se refirió a la importancia de "no agarrar a los jóvenes cuando cometieron su primer asesinato sino agarrarlos cuando cometieron su primer delito y poder desviarle la inexorabilidad de su camino criminal y ofrecerles otra salida". Pero lo que parece inexorable es que los funcionarios del oficialismo omitan hacer declaraciones que bien podrían conformar un manual para la exclusión social, la desigualdad y la estigmatización.

En esta línea, las observaciones también mencionan la detención de niños en pos de su "protección" y no necesariamente por la comisión de delitos; el hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades de educación y capacitación, entre otras. Así como también remarca la importancia de brindar asistencia letrada gratuita, cualificada e independiente a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley en una etapa temprana del procedimiento y durante todo el proceso judicial.

La falta de acceso a la representación jurídica de algunos sectores de la población generalmente se encuentra vinculada a la falta de información, obstáculos físicos y también a desigualdades económicas. Con respecto a los niños y adolescentes, la situación es aún más compleja dado que a las dificultades mencionadas se suman otras que tienen que ver con la persistencia de una concepción que niega a los niños y adolescentes su condición de sujetos activos de derechos. Este cambio de paradigma que dejó de ver a los niños y adolescentes como objetos de tutela, se consagró con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero aunque la legislación nacional así como los tratados internacionales reafirmen sus derechos, su capacidad para decidir y para ejercer su derecho al patrocinio letrado - entre otras cuestiones - sigue siendo materia de disputa.

 

En estos días se discute si el dictamen del proyecto de ley de legalización del aborto incluirá la autonomía de las mujeres entre 13 y 16 años para decidir sobre su cuerpo, y el Comité sobre los Derechos del Niño no se privó de referirse al tema. En su artículo 34 recomendó asegurar la educación sexual y reproductiva como parte de la currícula escolar, información sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar, y el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre sean escuchadas y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones.

 

Tampoco faltó en las observaciones del Comité la desnutrición en las provincias del noroeste, la salud ambiental, el aumento de la pobreza infantil frente a la crisis financiera, la cobertura insuficiente y los retrasos en la tramitación de las prestaciones sociales para los niños y sus familias, entre otros. Incluso se instó al Estado a promover un diálogo nacional sobre los principios básicos y las características estructurales del sistema educativo y a la protección de los recursos dedicados a la educación y formación de los niños en todas las provincias. Pero, ¿Qué garantía de acceso igualitario a una educación de alta calidad podríamos tener teniendo en consideración que, hace apenas una semana, la gobernadora María Eugenia Vidal afirmó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?.

 

No todos los compromisos asumidos a nivel internacional tienen la misma trascendencia para el Gobierno Nacional, tampoco lo tienen los asumidos dentro del territorio. Pero a esta sistemática vulneración de derechos, se le añade la constante confirmación de que los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad no son parte de la agenda oficial, como no lo es en general la inclusión social. En el caso de los niños, niñas y adolescentes está claro que no son prioridad y que forman parte de la orden del día sólo para criminalizarlos y profundizar su estigmatización en base a su condición social, pero no son los niños quienes están en conflicto con la ley, si no la ley y los responsables de las políticas públicas quienes están en pugna con ellos.

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