Causa Ford: juicio por la complicidad de empresarios con la dictadura.

Política

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín deberá definir las responsabilidades penales de los directivos de la empresa, acusados del secuestro y torturas a 24 obreros

 

FORD era una de las empresas automotrices más importantes en el país en la década del 70. La fábrica tenía un plantel de más de 7000 obreros con un alto nivel de organización sindical.

 

Dentro de la empresa trabajaban agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en colaboración con la comisaría de Pacheco, con el objetivo de realizar el seguimiento de activistas, las asambleas, sus reclamos, y medidas de lucha .

 

A Pedro Muller, ex gerente de manufactura y Héctor Sibilla, militar retirado del ejército y ex jefe de seguridad de la planta de General Pacheco, se les atribuye permitir la instalación de un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes.  Además, la misma empresa confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para que procedan a la detención de dichas personas, quienes debían ser secuestradas y torturadas.

 

Se ha constatado la existencia de 37 víctimas del terrorismo de Estado que fueron trabajadores de Ford Motor, 24 trabajadores y delegados detenidos.

 

El mismo 24 de marzo de 1976, fueron detenidos en su lugar de trabajo cuatro obreros de Ford: Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Luciano Bocco y Luis María Degiusti; éstos fueron secuestrados en el interior de la fábrica por personal militar vestido de civil, y llevados por unas horas al quincho del centro recreativo de Ford, en donde los interrogaron y golpearon, para luego trasladarlos a la Comisaría de Tigre.

 

Han sido señalados como los responsables civiles del secuestro del cuerpo de delegados de Ford: Nicolás Enrique Julián Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA en 1976, quien se encuentra fallecido;  Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales. También se encuentra acusado el teniente coronel Antonio Francisco Molinari, subdirector de la Escuela de Ingenieros en el año 1976 y el ex Jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros.

 

Responsabilidad empresarial

En el caso de la empresa Ford existen una multiplicidad de evidencias y testimonios que involucran directamente a la empresa.

Para ello, los directivos de Ford facilitaron desde los legajos personales las fotografías de sus empleados y hasta camionetas para los traslados. Asi mismo, el conocimiento que la empresa tenía acerca de las detenciones es claro, ya que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y empresarios. A esto se suma que recibieron la contribución de camionetas F100 así como también el hecho de que le fue facilitado el almuerzo diario al personal militar allí asentado. Por otro lado, también es de destacar la información brindada para los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el Jefe de Seguridad de la planta participó del interrogatorio.

Se trata de prácticas que estaban insertas dentro del esquema represivo de la dictadura y configuran por lo tanto delitos de lesa humanidad.

 

PROVOCACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MACRI:


A 42 años  del golpe militar más sangriento de la historia argentina, el gobierno de Mauricio Macri propone la libertad condicional (pulsera electrónica mediante) del genocida más notorio, el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, alias El Cuervo o El Angel de la Muerte. La medida supone una grosera provocación a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, porque Astiz fue el responsable directo del secuestro y asesinato de las fundadoras: Azucena Villaflor de De Vicenti, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, en 1977. Pero también es un agravio a la justicia francesa que juzgó en rebeldía al "Angel de la muerte", a la justicia italiana que lo condenó a perpetua y a la justicia sueca que reclama por el secuestro y asesinato de la joven Dagmar Hagelin.
Es significativo que mientras los tecnócratas locales se desviven por demostrar que en Argentina hay "seguridad jurídica para las inversiones" no puedan decir que hay seguridad jurídica para las personas.

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