Escalada de violencia en Brasil: la democracia en peligro

Política

Una nueva muestra de violencia en el país tropical, esta vez contra el candidato con mayor intención de voto.

 

La escalada de violencia perpetuada por grupos reaccionarios de derecha parece no tener fin en el país vecino. Sumado a los atentados contra la vida de militantes sociales, que son moneda corriente y casi no tienen difusión, ahora Brasil se destaca también por ataques a figuras de primera línea de la política, tanto a nivel municipal, estadual, como nacional.

En el día de ayer, a menos de dos semanas del asesinato de Marielle Franco, el expresidente Lula sufrió un atentado en Quedas do Iguaçu (estado de Paraná), en medio de la caravana que lo tiene recorriendo el sur del país. Esta vez, los disparos no impactaron en el objetivo, pero fue simplemente cuestión de suerte.
La violencia y la policía fueron noticia nuevamente, aunque ahora los uniformados no brillaron por su acción, sino por su omisión y connivencia. Hay un hecho: no había escolta policial.

Uno de los colectivos, con invitados del expresidente, recibió un disparo. El otro, con periodistas que cubrían la caravana, recibió tres; y en otro episodio sucedido el mismo día, sus neumáticos fueron perforados con clavos, dejándolo así inmovilizado y expuesto a más ataques con piedras y huevos, que se concretaron durante la tarde.

Hechos como estos son la punta del iceberg de una situación que tiene un trasfondo mucho más complejo, y grafican el estado de excepción que se vive en Brasil al día de hoy. Las agresiones ya no vienen solamente del poder judicial, que intenta –y todo indica que conseguirá- prohibir al candidato con más intención de voto, sino que ahora también son físicas.

Para comprender que no son ataques aislados ni tampoco desorganizados, hace falta analizar la situación política nacional y también la del sur de Brasil específicamente.
De los 77 diputados correspondientes a los tres estados del sur recorridos por Lula, 52 apoyaron el impeachment que colocó a Temer al frente de la presidencia. Los tres tienen gobernadores conservadores, y lo mismo sucede con los intendentes de las tres capitales estaduales y de la mayoría de las ciudades del interior.
La connivencia de las autoridades fue evidente en la ausencia policial a lo largo de toda la caravana. A diferencia de la pacífica caravana realizada en el Nordeste brasilero a fines del año pasado, esta vez Lula sufrió un sinfín de intentos de bloqueo en las rutas por parte de tractores –cualquier semejanza con el lockout de las patronales agrarias argentinas en 2008 no es pura coincidencia-, pedradas y demás actos de intolerancia. Por ejemplo, en Chapecó (Santa Catarina), la militancia petista que esperaba a Lula fue agredida con huevos, piedras y fuegos de artificio mientas las fuerzas policiales yacían inmóviles a su lado. La respuesta de Lula fue un contundente y multitudinario acto de por lo menos diez mil personas en esta pequeña ciudad del sur de Brasil.

A nivel regional no faltaron justificaciones, como la de Álvaro Dias, senador por el estado de Paraná del partido de derecha PODEMOS, que dijo respecto a la caravana: “Lo que está ocurriendo es una provocación del expresidente, y la sociedad tiene que responder de alguna manera. La responsabilidad es de quien provoca”. Ni tampoco faltaron acciones directas como la del senador por Santa Catarina Paulo Brauer, del PSDB de Aécio Neves (perdedor del ballotage de 2014 frente a Dilma Rouseff), que llamó a ocupar el centro de Florianópolis para no permitir la realización de un acto del expresidente.
Asimismo, la senadora Ana Amélia Lemos del estado de Rio Grande do Sul, ligada directamente a la empresa RBS, repetidora de la Rede Globo –el Clarín brasileño-, elogió la actitud de los agresores en la convención de su partido en Porto Alegre, refiriéndose a ellos como “verdaderos gaúchos (gentilicio local)”; y Fernando Francischini, comisario, diputado federal e impulsor de la candidatura de Jaír Bolsonaro, opinó que este tipo de acciones deberían servir de ejemplo para el resto de los paranaenses a la hora de recibir la caravana petista, y posteó –entre otras- la frase “mi candidato es apoyado por la policía, el tuyo buscado por ella”, en referencia a la persecución a Lula y el apoyo de las fuerzas armadas y policiales a Bolsonaro, militar retirado.

A nivel nacional, la figura central que encarna este sentimiento reaccionario es el mencionado Jaír Bolsonaro, candidato a la presidencia por la ultra-derecha, y segundo en intención de voto, que apareció en banderas y cánticos en todas y cada una de las manifestaciones de odio hacia el expresidente en el sur del país.

El actual diputado federal por Rio de Janeiro no se quedó atrás con lo que le demanda su electorado, y a modo de provocación realizará un acto a pocos kilómetros en la misma fecha en la que Lula cierra su caravana en la capital paranaense. A su vez, el Movimiento Brasil Libre (MBL), principal impulsor de las protestas callejeras que culminaron con el impeachment a Dilma Rouseff, hará lo propio a menos de 1 km del acto de Lula.

Si bien la diferencia entre Lula (30-35%) y Bolsonaro (15-18%) es casi del doble en la mayoría de las encuestas,  hay algo que es casi un hecho al día de hoy: las elecciones presidenciales de este año vendrán acompañadas de un ballotage hiper polarizado entre el candidato del PT y Bolsonaro, ya que no hay ninguno que esté cerca de reunir el 50% de los votos, y tampoco hay un tercero que se acerque a ninguno de los dos.
Digo “el candidato del PT” y no “Lula” porque todo indica que no podrá presentarse por la ley N°135 del 2010, más conocida como la ley de "ficha limpia". Esta ley, promulgada por el propio expresidente, establece la inelegibilidad para cargos públicos por el plazo de ocho años para los condenados en segunda instancia por acto doloso de improbidad administrativa que suponga lesión al patrimonio público y enriquecimiento ilícito.

La polarización fomenta la escalada de violencia y corroe la democracia brasileña, que se encuentra al borde del knock-out desde que gobierna un presidente que llegó al poder con un impeachment sin crimen de responsabilidad, figura que aparece como elemento necesario según la constitución de ese país para destituir un presidente.

En medio de lo que el PT denuncia como “escalada de fascismo”, el poder judicial define el futuro de Lula y funciona como termómetro de la violencia.
El Tribunal Regional Federal N°4 de Porto Alegre ya rechazó los recursos presentados por la defensa del expresidente contra la condena de doce años y un mes por haber –supuestamente – recibido una propiedad como coima de una contratista de obra pública. Pese a la condena, no cabe otra posibilidad que el uso de la palabra “supuestamente”, ya que del propio fallo surge que no hay pruebas sino “convicción” de los magistrados en su culpabilidad.

En este contexto, a Lula sólo le resta esperar la resolución del habeas corpus que presentó ante el Supremo Tribunal Federal, que debe definir el 4 de abril si va o no a prisión; aunque hoy su exclusión de las elecciones es casi un hecho.
En medio de rumores de que Temer suspendería las elecciones de octubre por la creciente violencia política, la democracia brasileña naufraga y las corporaciones siguen gobernando mediante el ilegítimo gobierno actual.


 

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