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Política

El próximo 24 de Marzo, recordamos un nuevo aniversario del advenimiento al poder de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, tras el derrocamiento de María Estela Martinez de Perón, Presidenta constitucional de la Nación.

 

 La interrupción de un proceso de ejercicio legítimo del Poder Ejecutivo en nuestro país no era algo nuevo. Las FFAA, constituyéndose como un “Partido Militar” ad-hoc, ya habían intervenido por asalto en la vida política nacional en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966 con disimiles resultados. Con excepción del golpe de Estado de 1943, que terminó con la propuesta conservadora y fraudulenta de la década infame, el resto de las asonadas tuvieron como objetivo la consolidación o restauración de un modelo de país a medida de los más poderosos, la oligarquía agro-ganadera exportadora en un principio y a medida que nos internábamos en el siglo XX, se sumaba el capital extranjero y sectores del empresariado ligados a la especulación financiera y a la apertura irrestricta de los mercados.

En 1973 la “Revolución Argentina”, conducida por el Gral. Alejandro Agustín Lanusse entregaba el poder a manos de un gobierno nacional, popular y justicialista, luego de haber definido los destinos de la nación durante siete años de persecuciones, proscripciones, prisión y fusilamiento de los militantes y fuerzas del campo popular. Cuando solo tres años después, el Partido Militar decidió tomar nuevamente el poder, ya no solo se buscaba la reinstauración de un modelo económico funcional a los intereses de los más poderosos, sino erradicar por completo cualquier tipo de expresión de lucha y resistencia política. Exacerbando la experiencia proscriptiva y persecutoria de la Revolución Fusiladora de 1955, desarrollaron un plan para el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de todas aquellas personas que creyeran que podían plantear una voz de disenso o resistir a la andanada neo-liberal y antipopular de la nueva dictadura. El plan era sistemático,  minucioso, mortal y requería un alto grado de involucramiento ideológico por parte de quienes lo llevaban a cabo, tanto que al día de hoy sus ejecutores, asesinos juzgados y condenados, en algunos casos lo siguen reivindicando.

La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 inicio el proceso de revalorización de la verdad, la memoria y la justicia, con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que promovieron el enjuiciamiento de los responsables de tanto horror y sangre derramada en nuestra patria. Esta política de Estado promovió una sana revisión de la historia, no solo de las atrocidades cometidas en la última dictadura militar, sino también acerca de los intereses económicos que eran representados en aquellos años de plomo, de cómo grande empresarios oficiaron de cómplices y se enriquecieron a expensas del empobrecimiento del pueblo a través de dispositivos financieros, devaluaciones y concesiones bochornosas del Estado al capital privado. Se comenzó a discutir el juzgamiento de los cómplices civiles, proceso que lamentablemente quedó trunco con la llegada de la Alianza Cambiemos al poder, junto con otros importantes retrocesos en el área de los DDHH en nuestro país. La legitimación de la práctica del “gatillo fácil” de las fuerzas de seguridad por parte del ejecutivo, el uso excesivo e innecesario de la fuerza en la represión y detención de manifestantes, la persecución de minorías políticas y étnicas con una impunidad pasmosa son algunos ejemplos, que se suman a los gestos que el Poder Judicial tiene con estas políticas, otorgando prisión domiciliaria a genocidas, enlenteciendo las causas de lesa humanidad y blindando a los agentes del ejecutivo que cometen ilícitos en perjuicio directo del pueblo.

Comparar al actual gobierno de la Alianza Cambiemos con la última dictadura militar es un error, que desde lo político minimiza las atrocidades cometidas por las FFAA en ese período e iguala en términos de legitimidad al trinomio Videla – Massera – Agosti con el Ing. Mauricio Macri. Nunca una dictadura cívico - militar puede ser comparada con un gobierno constitucional, puesto que la democracia es la herramienta con la que el pueblo expresa su voluntad y a ciertos sectores les resultaría útil para expiar ciertas culpas, que se ponga en un mismo pie de igualdad un gobierno legítimo con uno que no lo es.

Esto no quita el hecho de que se puedan observar ciertas prácticas desde la política económica, que nos traigan algunas reminiscencias de ese pasado. El alto nivel de contracción de deuda, el favorecimiento a la especulación financiera a través de la bicicleta de los Lebacs con su subsecuente fuga de capitales, la apertura indiscriminada de las importaciones bajo la premisa de la “libre competencia de mercado”, que está condenando a la producción nacional y la absorción, quita o condonación de deudas que empresas privadas de capitales transnacionales o cercanas al gobierno por parte del estado, es realmente preocupante. Todos recordamos o hemos leído sobre las consecuencias que la implementación de este modelo económico durante la dictadura tuvo sobre los gobiernos siguientes. Los condicionamientos por parte de las entidades de crédito internacional, una industria nacional quebrada con su consecuencia directa de falta de empleo, la pobreza, el hambre y la exclusión.

La reactivación de la economía con generación de empleo y mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los sectores populares iniciado durante el kirchnerismo, está siendo borrado de un plumazo en tan solo dos años de gobierno de la Alianza Cambiemos con un plan económico que parece redactado por Martinez de Hoz pero en esta oportunidad, aplicado por un gobierno democrático. La memoria no solo se ejercita recordando, se ejercita también denunciando, resistiendo, organizándose y militando para garantizar una patria libre, justa y soberana. Es nuestra responsabilidad histórica continuar trabajando para transformar la realidad, recordando nuestra historia y con una clara visión de futuro, de una Argentina con soberanía política, independencia económica y justicia social para todos y todas.

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El Centro de Estudios Políticos, Sociales y Culturales 25 de Febrero, ubicado en la calle Nicasio Oroño 1682, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una construcción colectiva que propende a la difusión de la cultura e ideología de orden Nacional y Popular. Su objetivo es la generación de un pensamiento crítico y constructivo que defienda las banderas de un País libre, justo y soberano

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