Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

Política

El pasado lunes 19 de febrero, una multitud de mujeres y hombres se manifestaron frente al Congreso exigiendo que se regule el aborto libre, seguro y gratuito. En esta línea de ideas, el próximo 6 de marzo se presentará por séptima vez un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

 

El “pañuelazo”, como se denominó la mencionada manifestación, tuvo como premisa fundamental: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". De allí, se desprende que lo que gran parte de la sociedad reclama, no es -como erróneamente difunden los detractores de esta cuestión-, la legalización del aborto de manera indiscriminada e irresponsable que termine con la concepción de la familia; sino lo que se plantea, es una política de salud pública integral, que acompañe a las mujeres en todos los aspectos de su vida sexual y reproductiva.

Para ello, la educación sexual y la anticoncepción gratuita -y realmente accesible-, son cuestiones fundamentales para disminuir la cantidad de embarazos no deseados. Ahora bien, cuando esos embarazos no deseados se producen, el estado no puede darle vuelta la cara a este problema como si no existiera; y menos aún: criminalizar a las mujeres que toman una decisión inherente a su cuerpo y a su vida.

Y es que, entre la moralina y la repetición del discurso promovido históricamente por la iglesia católica, aún existe una porción de la sociedad que avala los abortos clandestinos. O, dicho de otra forma que suena mejor: se opone a una regulación del aborto como política de salud por parte del estado; como si la falta de una normativa protectora de la integridad física de las mujeres, asegurara la inexistencia de abortos. Es sabido que los abortos existen, y que se constituyen como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país. Según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (últimos datos disponibles), la cantidad de muertes de mujeres embarazadas alcanzó la cifra de 245; de las cuales el 17.6% fueron consecuencia de una maniobra abortiva mal realizada.

Hace años, el Dr. René Favaloro expresó su punto de vista de una forma más que clarificadora: «Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y sin pasar vergüenza. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más abortos, ni menos. Habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar.»

El tema tiene tantas aristas desde las cuales se puede abordar que excedería las líneas de esta nota, pero sí es oportuno puntualizar en algunos ejes de discusión cuyos sustentos carecen de datos empíricos.

En este sentido, tomo como punto de partida la cita del Dr. Favaloro. Los abortos existen, no hay dudas sobre ello. En el mejor de los casos –con una importante suma de dinero de por medio-, las mujeres con cierto poder adquisitivo se someten a una intervención quirúrgica con todos los recaudos necesarios para preservar su salud y su intimidad, por su supuesto.

Un escalón por debajo de las más privilegiadas, se encuentran aquellas mujeres que no cuentan con las sumas siderales exigidas por los médicos que le encontraron la veta a este negocio. En estos casos, acuden a clínicas clandestinas, de dudosa profilaxis, cayendo en manos de enfermeros o parteros que aprendieron la tarea probablemente desde la práctica, a base de prueba y error; un error cuyas consecuencias van desde la esterilización involuntaria hasta la muerte.

Y en el último escalafón, como siempre, se encuentran las mujeres de las clases más bajas, las eternamente postergadas, las invisivilizadas. Ellas, generalmente acuden a prácticas caseras, como la introducción de agujas de tejer o de perejil por la vía vaginal, técnicas altamente riesgosas y ejercidas sin control médico alguno.

De esta clasificación de mujeres, podemos observar que nuevamente ocurre lo que se manifiesta en todos los aspectos de la vida de las personas: los ricos viven y tienen derecho a un trato especial, los pobres mueren por causa de un estado ausente.

Desde el principio de los tiempos, las normas se crearon con la finalidad de regular las conductas humanas, hechos cotidianos que afectan la vida de las personas que viven en sociedad. La falta de normativa, no produce la desaparición de tales hechos, al igual que su regulación no los aumenta, como pregonan falsamente los defensores de la ética en todas las cuestiones controversiales como el consumo de marihuana, por ejemplo.

En cuanto a la arista jurídica, está claro que la reciente reforma del código civil no otorgó solución alguna al respecto, sino que prácticamente continuó con el concepto de persona existente desde el código Vélez Sarsfield, que rezaba que existía persona física “desde la concepción en el seno materno”, eliminando sólo la última parte. Es decir, en la redacción actual se puede leer “desde la concepción”. Por lo tanto, el aborto continúa resultando ilegal.

Pero éste, no es el único problema legal existente, aunque es el más difundido. La letra del código civil, -que no efectúa ninguna distinción entre las etapas de desarrollo del embrión-, se encuentra en contraposición con lo establecido en la ley de trasplantes.

Lógicamente, de la misma manera en que la ley determina el momento de origen de la vida humana, es decir, la existencia de una persona, también determina el momento de finalización de su vida, en la ley de trasplantes de órganos y tejidos.

En este sentido, existe una teoría acerca del comienzo de la vida humana: la “teoría de la formación de los rudimentos del sistema nervioso central”, llamativamente poco conocida, que de ser aplicada, permitiría una interpretación armónica de las diferentes normas referidas.

Para la teoría de mención, la vida humana tiene su comienzo con la formación del surco neural, esto es, el rudimento de lo que será la corteza cerebral. Este comienzo de la formación del sistema nervioso central tiene lugar entre el día 15 y el 40 de la evolución embrionaria. Está probado que, cuando dicha formación fracasa, mayoritariamente se producen abortos espontáneos o bebés anencéfalos nacidos en término.

Una vez formada esta organización básica del sistema nervioso central, comienza la actividad eléctrica –alrededor de las 8 semanas-, lo que ha llevado a los adherentes de la presente teoría a afirmar que sólo con la emisión de impulsos eléctricos cerebrales verificables puede estimarse que se ha iniciado una vida específicamente humana.

Esta interpretación, se condice con lo enunciado por la ley 24.193 (modificada por la ley 26.066) de trasplante de órganos y tejidos, en cuyo artículo 23 refiere que “El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta: a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia; b) Ausencia de respiración espontánea; c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas (…)”

Por lo tanto, en el inicio y la finalización de actividad eléctrica cerebral puede vislumbrarse una respuesta a este debate que necesita una resolución urgente. 

Esto no hace otra cosa más que demostrar que, existe un problema social, existe un problema jurídico, pero principialmente, la problemática reside en la falta de voluntad de los legisladores. Mientras tanto, muchas mujeres siguen muriendo. 

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