Represión de la protesta social (2016 – 2017)

Política

La criminalización de la protesta social, incluye tanto las detenciones arbitrarias como la apertura de causas penales contra los manifestantes, ha sido en los últimos años una de las formas de represión más usadas.

 

La utilización de la violencia estatal se ha intensificado  en el año 2017. El relevamiento realizado por Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, entre enero de 2016 y diciembre de 2017, concluye que el  Estado apunta por un lado, a frenar el conflicto social,  disciplinando, atomizando las disidencias  y por otro, correr el eje de la injusticia denunciadas por diferentes sectores  hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”.

 

Datos generales de la  represión de la protesta social

 

Entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se registraron un total de 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular.

El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (47% del total) seguidas por la detención de manifestantes por parte de la fuerza pública (28%), la apertura de causas judiciales contra manifestantes (25%).

Si bien a distribución geográfica de estas acciones atravesó a todo el país, se destaca una mayor concentración en la Patagonia (31%) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%). A su vez, la amplia mayoría, se produjeron en el contexto de demandas laborales (168 hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71 hechos).

Esto se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes y con un  crecimiento de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior (514 en 2017 contra269 un año atrás). Estas detenciones se produjeron durante las manifestaciones, y se prolongaron muchas horas luego de finalizada la protesta, en lo que parece un modus operandi muy claro de respuesta a la protesta social.

 

Utilización de la violencia física contra la protesta social

 

En el período relevado se registraron al menos 144 casos  que implicaron el ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales contra manifestantes organizaciones sociales. En la mayoría de los casos (52%) las víctimas de las acciones fueron trabajadores.

Cabe destacar que los casos de represión contra reclamos impulsados por comunidades de pueblos originarios fueron los que presentaron una violencia de mayor intensidad, concluyendo con la muerte de Santiago Maldonado en el mes de agosto de 2017 y de Rafael Nahuel en el mes de noviembre de 2017.

 

Distribución porcentual de los hechos de represión según el motivo de reclamo (2016 – 2017)

También 78.310 personas fueron victimas de detenciones arbitrarias, ocurridas durante  acciones de protesta social, mayoritariamente impulsadas por sindicatos (40%) y organizaciones sociales (37%).

 

Distribución porcentual de los hechos de detención según el sujeto víctima (2016 – 2017)

A su vez, los principales motivos que motorizaron la protesta,  se destacan los  asociados al trabajo (42%) seguidos de reclamos por tierra y vivienda (29%) y demandas por la defensa de dirigentes (9%), entre otros.

 

El derecho a la protesta social es fundamental para la defensa de otros derechos. Sin embargo, este gobierno  reproduce prácticas para restringirla, impedirla o criminalizarla. Protestar es esencial en toda democracia e involucra derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad.
 

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