Un modelo que cierra con represión

Política

El jueves 14 de diciembre, pasado el mediodía comenzaron a llegar a la plaza los dos Congresos columnas de trabajadores y trabajadoras para expresar su repudio al tratamiento de la reforma a Ley Previsional que condenará a la pobreza a miles y miles de jubilados y jubiladas en todo el país

 

La pacífica manifestación se vio interrumpida  por las fuerzas federales que se  desplegaron en los alrededores del Congreso, donde  gaseó y baleó a manifestantes sociales, legisladorxs y trabajadorxs de prensa.

 
El  reportero gráfico Pablo Piovano, que recibió diez balazos de goma en su pecho y abdomen, expresó: " Me dispararon a mansalva. Un policía de la Federal me vio con la cámara y me disparó a medio metro.    Esto es lo que propone este Gobierno: dispararle a  a los laburantes. Dispararle al pueblo. Lo que duele no es el cuerpo. Lo que duele aquí es que se está rompiendo el tejido y las garantías constitucionales. Lo que están haciendo es querer enceguecer, silenciar. Son una serie de sucesos que atentan contra la democracia. No nos van a detener"

Pero la represión no logró dispersar a los manifestantes.Y apenas pasadas las 15.00, en Diputados tuvieron que levantar la sesión. Afuera, se escuchó un aplauso general y todas las voces gritaron: “El pueblo unido, jamás será vencido”.

La reacción contra esta ley,  que ataca directamente y a los sectores más vulnerables,jubilados  y  los chicos de la  Asignación Universal por Hijo  (AUH)unifico un amplísimo arco opositor. Las movilizaciones de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),  con Barrios de Pie y la CCC y  entre sectores de la CGT marca que esta recomposición sindical inicipiente se atrevió a enfrentar frontalmente al Gobierno.La coordinación  se extendió a los gremios nucleados en la Corriente Federal y en las dos CTA. Las estructuras gremiales confluyeron de manera casi espontánea con los partidos de la izquierda y el kirchnerismo.

Tras uno de los mas grandes despliegues represivos de esta decada  , huborepudios desde la Cámara de empresarios nucleados en Adepa, de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina (ACERA) hasta  el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa.

Por su parte Amnistía Internacional recordó a las autoridades argentinas que tienen la obligación de asegurar que las fuerzas de seguridad únicamente podrán recurrir al empleo de la fuerza , de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas . Teniendo en cuenta el grave impacto que puede causar en diversos derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la privacidad y a la libertad de circulación, entre otros.

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