Reforma previsional: los perjudicados que se invisibilizan

Política

El proyecto de reforma ya tiene media sanción, y entre los afectados no sólo se encuentran jubilados y pensionados, sino también personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

 

El plan de reformas del Gobierno Nacional sigue avanzando a pesar de la polémica, las manifestaciones y los derechos vulnerados. Así es que el proyecto de ley de reforma previsional ya tuvo media sanción en el Senado y la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se ha vuelto el eje del debate. Se está cercenando el derecho a la previsión social a través de la merma en la expectativa de cobro, pero los jubilados y pensionados no serían los únicos perjudicados por las modificaciones.

Desde 2015 con la ley 27.160 el sistema de actualización de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo para la protección social es el mismo que el de las jubilaciones y pensiones, por lo que el cambio de cálculo impactaría también sobre estas prestaciones que hacen a los ingresos de más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes.

No es novedad a esta altura que la protección de derechos no esté en la agenda del Gobierno Nacional, como tampoco sorprende que la atención de la gestión actual no esté puesta en la protección de personas en mayor situación de vulnerabilidad, pero no por eso deja de ser preocupante la falta de consideración de la situación de la niñez y la adolescencia en los debates legislativos en el país.

Un grupo de profesionales, especialistas y referentes del campo de la infancia y los derechos humanos enviaron una nota a cada uno de los diputados expresando su preocupación sobre el tema junto con un informe sobre la inconstitucionalidad de la reforma y cómo impactaría su aprobación en las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. El documento firmado por ATE Capital (​Área de Niñez y Adolescencia), Alejandro Pitu Salvatierra (Dirigente Villa 15 – CABA – Director del Instituto de Formación Villera), Claudia Cesaroni (Centro de Estudios en Política Criminal CEPOC - Red Argentina No Baja), Eduardo Barcesat (Abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos) y Gabriel Lerner (Abogado Derechos del Niño - Red Argentina No Baja), entre otros, resalta que los receptores de las prestaciones cuyo sistema de actualización se modifica (unas 16 millones de personas) se verán perjudicados en los montos percibidos y gran parte de estos destinatarios son los niños, niñas y adolescentes del país contemplados por las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo.

Los beneficiarios de estas prestaciones son solo los niños o niñas cuyos padres perciben salarios inferiores a $36.800, o no tienen trabajo; o trabajan sin estar regularizados o están inscriptos como monotributistas, y es que la aplicación de estas asignaciones responde primordialmente al cumplimiento de la función del Estado de prevenir y erradicar las vulnerabilidades sociales, siendo el principal responsable de garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos sociales, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

A pesar de que en su momento la movilidad de las asignaciones fue aprobada por 231 votos afirmativos sin abstenciones ni rechazos, una mayoría de senadores votó esta vez para que la movilidad se base en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y se aplique trimestralmente. En otras palabras, pese a la indiscutible efectividad de la aplicación de estas asignaciones como forma de paliar las situaciones de desigualdad y exclusión de diversos sectores de la población, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a todas luces regresiva en materia de derechos.

Pero aunque el oficialismo pretenda seguir haciendo caso omiso al principio de progresividad, y se esfuerce en mirar hacia otro lado, la situación de vulnerabilidad existe. Según estimaciones del INDEC, en Argentina más del 40% de la infancia entre 0 y 14 años pertenece a hogares pobres en términos de ingresos (45,8% en el segundo semestre de 2016 y 42,5% en el primer semestre de 2017), asimismo la situación de indigencia o pobreza extrema afectaba al 6,1% de la infancia en el segundo semestre de 2016 y al 10,6% en el primer semestre de 2017.

La designación del defensor de niños, niñas y adolescentes que estableció la ley 26.061 en el 2005 aún brilla por su ausencia, y aunque a fuerza de un amparo colectivo, el Congreso debió conformar la Comisión Bicameral para su designación, no tiene presupuesto asignado para el 2018. Así, con un inexistente órgano de control que vele por la efectiva protección y promoción de sus derechos, los niños, niñas y adolescentes del país se encuentran ante una nueva posibilidad de que sus derechos sean vulnerados, aparentemente sin costo político alguno.  Y aunque el reconocimiento de estos derechos en tratados internacionales de jerarquía constitucional debiera funcionar como motivo conductor de las políticas públicas, garantizar un estándar mínimo internacional de derechos sin dudas no está entre las prioridades del Gobierno Nacional que sólo parece recordar a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para poner en tela de juicio su punibilidad.

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