25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Política

Las movilizaciones feministas toman las calles cada vez con mayor frecuencia ¿Cómo responde el Estado?

 

El 25 de noviembre de 1960, las militantes políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal - también conocidas como Mariposas- fueron asesinadas por levantarse contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. En homenaje a las hermanas, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este año, desde las Naciones Unidas se impulsó la campaña "16 días de activismo contra la violencia de género" como una oportunidad para impulsar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, día de los derechos humanos.

 

En nuestro país, los movimientos de mujeres se encuentran en evidente crecimiento y se expresan cada vez con más fuerza a través de distintas manifestaciones como los Encuentros Nacionales de Mujeres, las manifestaciones del Ni Una Menos, y el paro internacional de mujeres. Así es que el día internacional de la no violencia no pasó desapercibido y ayer se realizó una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo.

Entre las cuestiones que se expusieron con motivo de la movilización no pudo faltar la denuncia del desmantelamiento de los programas dedicados a la prevención y asistencia de casos de violencia, el incumplimiento en la creación de centros integrales de asistencia a la mujer, y la tercerización del presupuesto destinado a la atención de las víctimas de violencia de género está en ONGs privadas.

El ajuste del actual gobierno ha llegado a las víctimas de violencia a través de la reducción del presupuesto 2018, alejándose de procurar aumentar los mecanismos que garanticen el acompañamiento a mujeres, trans y travestis víctimas de violencia, así como también de la construcción de centros de atención y refugios con equipos interdisciplinarios adecuados y la necesaria asistencia económica.

 

Según el Registro Nacional de Femicidios de 2017 elaborado por Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en nuestro país existe un femicidio cada 30 horas. La Defensoría General de la Nación informó que durante el primer semestre de este año se recibieron 1472 consultas, cuyas víctimas denunciaron padecer más de un tipo de violencia. En el 98 por ciento de los casos de 2017, las víctimas denunciaron violencia psicológica, mientras que el 88,73 por ciento padeció violencia física; el 63 por ciento económica o patrimonial, y en el 49 por ciento violencia sexual.

Ésto, sin contar el acoso laboral, la violencia y el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales, avalados por los códigos contravencionales vigentes que allanan el camino para la persecución de las trabajadoras sexuales autónomas, el polémico protocolo para la detención de personas del colectivo LGBTQI+, las muertas y presas por abortos clandestinos, y las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral, entre otros tópicos que también formaron parte del documento de la movilización.

 

Sin embargo, nada de esto parece detener el recorte presupuestario por parte del gobierno hacia las políticas públicas para la erradicación, prevención y sanción de la violencia.

No debemos olvidar además, en un contexto en el que se está debatiendo una reforma laboral indudablemente perjudicial para los trabajadores, que la brecha salarial en comparación con los hombres por la misma tarea es del 27% según datos del INDEC. Y la lista se hace cada vez más larga, porque son numerosas y variadas las situaciones en las que las mujeres se ven perjudicadas por el rol que históricamente les fue asignado en función de parámetros heteronormativos y por el mero hecho de ser mujeres.

 

La necesidad de perspectiva de género en las políticas públicas es urgente, aunque aún no parece haber llegado a los oídos de quienes deben ponerlas en marcha. Pero las compañeras no se quedan quietas, y mantenerse calladxs no es una opción.

Sobre nosotros

El Centro de Estudios Políticos, Sociales y Culturales 25 de Febrero, ubicado en la calle Nicasio Oroño 1682, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una construcción colectiva que propende a la difusión de la cultura e ideología de orden Nacional y Popular. Su objetivo es la generación de un pensamiento crítico y constructivo que defienda las banderas de un País libre, justo y soberano

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