LA JUSTICIA DE LA JUSTICIA

Política

En los últimos meses, el mapa político nacional ha realizado un claro viraje al sector más conservador de la sociedad. La victoria del proyecto liberal en los distritos más grandes del país, sumados a la obtención del poder ejecutivo nacional restructura de cara a los próximos cuatro años el mapa político argentino.

 

En este contexto, el poder judicial en sus diferentes jurisdicciones no ha quedado fuera del cambio de los últimos días. Pese a no haber podido designar por decreto a dos jueces para la máxima instancia a nivel nacional, los diversos estrados a lo largo y ancho del país han acompañado el compás propuesto por la música pro.

Son varias ya las resoluciones de los “guardianes” de la constitución que se han sumado a la tertulia macrista, ya sea limitando su intervención en la revisión de decretos que restructuran la matriz comunicacional argentina o convirtiendo en cenizas dos años de investigación con el único fin de eliminar el procesamiento que se posaba sobre el flamante presidente electo.

No debemos horrorizarnos frente a esta situación de acompañamiento por parte del poder judicial ya que resulta predecible echando mano a nuestra historia institucional un enrolamiento de los estrados bajo la órbita presupuestaria del poder central, más aun en los primeros cien días de gobierno. Sin embargo, no es esta la situación más preocupante generada por el advenedizo gobierno, el problema verdadero no será tapa de diarios, no generará millones de publicaciones de Facebook o una catarata de tweets un domingo por la noche. El verdadero peligro se ocultará tras edificios de piedra, escritorios de roble y carátulas acartonadas decoradas por un hilo que las recorre de punta a punta. El verdadero peligro se manifestará en la acción del ejecutivo en las calles, en la acción de las fuerzas de seguridad en el día a día, en la restricción de todos los derechos conseguidos en los últimos años.

En los últimos días, este peligro ha traspasado las grandes puertas de los tribunales, para posarse en nuestra ciudad. La última instancia judicial de la ciudad, garante de esa magnífica constitución con derechos de última generación fruto de encontrarse bajo el halo de luz de ser “la ciudad/provincia” más joven de nuestro país, forjada en lo mejor de cada una de las experiencias provinciales. Ha decidido dar muerte a una de las garantías fundamentales de todo país, es así que en un fallo más que polémico, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que de justicia tiene poco, ha decidido autorizar el accionar discrecional de las fuerzas de seguridad por sobre cualquier resabio de garantías individuales que pudiera quedar en la ciudad.

Podríamos pensar que esta resolución ha sido inocente, pero sería desconocer cuáles son los actores que componen este tribunal así como también cuales son las tensiones que hay al interior del joven Poder Judicial de la Ciudad. Quizás la convivencia con su hermano mayor “nacional”, había impedido que se expresaran libremente, quizás el miedo a contradecir al máximo tribunal nacional los tenía paralizados. No obstante, sea cual fuera su motivación, la situación ha cambiado, la música del pro ha habilitado a leer las cosas en otro sentido, el compás de un estado en retirada habilita a que nuevos actores tomen la pista de baile. Permitiendo así al TSJ dar rienda suelta a sus anhelos más esperados, a tomar la escena contradiciendo a la constitución y al máximo tribunal nacional permitiendo el accionar del poder represivo sobre los ciudadanos de la CABA.

Ahora bien, no todo es tan oscuro como parece, quizás nuestros constituyentes, pensando en que quizás algunas provincias no fueran adeptas a los derechos y libertades de nuestra constitución, diseñaron un sistema que permitiera el control de éstas últimas resguardando así las garantías y derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, las cosas han cambiado en más de ciento cincuenta años, y la CSJN ha establecido mecanismos para no entrometerse donde no la llaman. Pese a haber establecido hace menos de cuatro años como doctrina mayoritaria el control de constitucionalidad de oficio, pareciera ser que los tiempos políticos y procesales han cambiado, la corte en los últimos días se ha mantenido al margen de aquellas cuestiones relevantes, su rol de salvaguardar la constitución se ha flexibilizado a la luz del mercado.

Ahora bien, es aquí donde se encuentra el peligro, que ocurre cuando los ciudadanos no sólo son presa del avance del ejecutivo sobre sus derechos, sino que este último “guardián” aplica una cronoterapia a las cuestiones evitando resolver y proteger a los ciudadanos. ¿Que podrán hacer los ciudadanos cuando aquellos que persiguen son los mismos que juzgan?, ¿Cuál es la respuesta frente a una corte que evita pronunciarse a favor de la constitución?.

Estas preguntas no son más que las consecuencias directas de un gobierno minoritario controlado por un poder minoritario, del interés de unos pocos defendidos por estos pocos. Será quizás entonces momento de pensar el rol de un juez parcial, un juez que pondere la constitución por sobre las corporaciones. Al mismo tiempo, que nos preguntamos dónde podremos encontrarlo.

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