Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor

Política

Las declaraciones del Presidente y el seguido juicio político al juez Alejo Ramos Padilla hacen temblar el principio de la división de poderes.

 

El pasado lunes 18 de Marzo se concretó formalmente el pedido de apertura de juicio político contra el juez federal Alejo Ramos Padilla. El día anterior en una entrevista con Luis Majul, el presidente Mauricio Macri había declarado "La justicia tiene total independencia hoy, el gobierno no participa, yo no participo, no me meto". Pero no tardó más que unos minutos más en asegurar sobre el magistrado: "No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático”, “Espero que con las pruebas que hay, el Consejo de la Magistratura evalúe seriamente destituirlo". Solo unas horas más bastaron para que Juan Bautista Mahiques, por requerimiento del ministro de Justicia, Germán Garavano, ingresara la solicitud al Consejo de la Magistratura de la Nación.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura ya aprobó las primeras medidas para evaluar la apertura del proceso contra Ramos Padilla entre las que se encuentran solicitar a la Cámara de Diputados la versión taquigráfica, el audio y el video de la exposición realizada el 13 de marzo frente a la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados; y librar un oficio al Juzgado Federal de Dolores a fin de que remita copia de la causa de D'Alessio, excluyendo la documentación reservada.

Mientras tanto, el fiscal Carlos Stornelli no respondió a ninguna de las cuatro citaciones del Dr. Ramos Padilla, insistiendo en la incompetencia del magistrado y solicitando la nulidad de todas las indagatorias en la causa. Pareciera ser la única estrategia de su abogado, Roberto Ribas, ya que en el medio de esta historia llena de aristas y expedientes ramificados de incidentes, el fiscal de la causa de los cuadernos ya solicitó en varias oportunidades la recusación del juez, alegando parcialidad manifiesta y visos de prejuzgamiento. Pero a pesar de que la competencia del juez fue ratificada por la Cámara Federal de Mar del Plata el pasado viernes 22 de marzo, continúa insistiendo en ausentarse a las citaciones. De esta manera, el siguiente nivel de este juego litigioso habilitó a Ramos Padilla la opción de declararle la rebeldía, decisión que tomó a la vez que solicitó al procurador general de la nación, Eduardo Casal, que arbitre los medios necesarios para que garantice la comparecencia del fiscal.

A pesar de las declaraciones presidenciales sobre la total independencia judicial, el gobierno nacional se encuentra notoriamente decidido a destituir al magistrado con una vara de imparcialidad que no es la misma para todos.  La independencia judicial no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la ecuanimidad que tanto parece preocuparles al Gobierno Nacional y al fiscal Stornelli. Pero poco queda de esa garantía que debía salvaguardar la autonomía del Poder Judicial y el principio de división de poderes. No se trata simplemente del caso en cuestión, sino que la gravedad institucional que este escenario acarrea bien puede interpretarse como una intimidación a la actuación de todos los demás jueces del país. Con claras muestras de ausencia del principio organizativo del Estado, el desempeño judicial se daña del despotismo de la verticalidad, donde los intereses de quienes ejercen el poder pisotean - a través de los medios de comunicación - cualquier vestigio de legitimidad, como lo hacen también con los recursos económicos de la justicia y los intereses del pueblo.

El mismo Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoció hace unos días la crisis de legitimidad del Poder Judicial y la pérdida de confianza en el mismo, aunque curiosamente nada mencionó sobre la independencia judicial. Sin embargo, las noticias nos muestran cada vez más frecuentemente los intentos de remociones o retiros forzados de magistrados y funcionarios, así como también las opiniones políticas que públicamente alejan del tecnicismo a las resoluciones judiciales, depreciando la llamada sana crítica.

La violación a las garantías que apartan a la justicia de los intereses de quienes gobiernan necesariamente nos incumbe a todos los ciudadanos, lo que me invita a evocar las palabras que escribiera Eugenio Raúl Zaffaroni en ocasión de la condena al juez Baltasar Garzón: "Sea cual fuere el juicio personal acerca del juez (Garzón), de sus ideas y de su conducta, los jueces del mundo no pueden quedar callados, pues el silencio implica serruchar la rama en que todos están sentados"[1].

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